La historia comienza cuando María Ester Arrix, pretendiendo anular operaciones (atento el juicio de nulidad en materia civil) acusa a quién en ese entonces era su contador, Alberto Martín David, de haberla “estafado” con la venta del 95 % de las acciones de la Sociedad Haras del Sur S. A. y culpando al profesional de falsificar su firma.

Recordamos que el profesional acusado fue contador de la familia Arrix desde que se recibió y desde el fallecimiento de su esposo, en 2007, manejó los negocios de la señora y las dificultades heredadas, y tras una operación de venta, también se imputó a Luis Máximo Planes (77) y a su esposa, Ana Spósito (73), además de otros dos vecinos de Chascomús.

Ante las últimas novedades del caso, nos comunicamos con Planes para que nos hable de la causa y fue categórico: “esto es una joda, yo nunca administré nada, solo compre lo que David estaba en condiciones legales de vender y mi señora solo me dio el consentimiento conyugal, en una venta ante escribana y por eso estamos imputados penalmente”.

 “El expediente es un mamarracho, lo iniciaron en 2014 y a mí me anoticiaron en 2019 para poder empezar a defenderme y a mi señora la comunicaron y la imputaron en simultáneo en 2020 (seis años después)”, prosiguió.

En igual tono, planteó que “nos trataron como delincuentes, apuraron nuestras declaraciones en plena pandemia y con nuestra edad nos llevaron porque era “urgente” para algunos medios, para algunos interesados locales y para la fiscal, habiendo pendiente aún el tratamiento de cuestiones legales que incluso a la fecha siguen sin resolver”.

“Afectaron nuestra vida, nuestra salud, nos difamaron y mancharon nuestro buen nombre y parece que nosotros presentamos los papeles en otra fiscalía o juzgado, ya que nada de lo que pedimos se despacha”, recaló.

Al ser consultado sobre cuáles son los cuestionamientos hacia su persona, exclamó: “la verdad que no sé, compré a quien tenía un poder ante el escribano Juan Martín Etchepare para vender (a quien nadie cito hasta la fecha y si el escribano lo hizo fue porque la señora estaba bien de la cabeza). Yo pagué la operación y fue controlada por la división de fiscalizaciones AFIP de La Plata y no hubo ningún cuestionamiento”.

Otro tema clave es el del dinero, para lo cual Planes aseguró “la existencia física del dinero está probada en el expediente y nosotros imputados penalmente y ahora inhibidos. No hay pericia psicológica ni contable, ni psiquiátrica, solo toman los dichos de una mujer que se accidentó dos años antes de la operación y ella misma dice haber tenido un año de recuperación”.

Los tiempos de la justicia para unos y para otros: “Hace ocho meses que presentamos el pedido de sobreseimiento de mi esposa, hace por lo menos cinco meses que la cámara de apelaciones de Dolores ordenó tratar la cuestión de la prescripción, pero parece que tampoco le hacen caso a la Cámara, acá se despacha lo que pide la fiscal (Daniela Bertoletti Tramuja) y la supuesta víctima, lo que digamos nosotros o la cámara por lo visto no le importa a nadie”.

“Da indignación que yo esperé un despacho ocho meses de la jueza María Fernanda Hachman y la fiscal pide un 29 de enero algo y en cinco días tiene el despacho decretándome la inhibición. Es una joda, espero que declaremos, porque la fiscal quería eso al otro día de la declaración pidió el expediente urgente y pasaron cinco meses y el expediente volvió sin resolverse”, anexó.

Acerca de la supuesta relación con la ‘banda del juez’, esgrimió: “te diría lo que pienso, pero sería faltarte el respeto, no lo podrías escribir, no puedo creer que se instale que hubo beneficios de jueces, a mí y a mi señora nos faltan el respeto, no nos responden nada, nos notifican seis años después, nos humillan públicamente, nos llevaron apurados al ritmo de la presión social y nadie nos resuelve nada, es vergonzoso”.

“A la fiscal le molesta el expediente, en un pueblo como este la gente habla, opina y nunca leyó el expediente ni vio las pruebas, se guía por los medios en lugar del expediente, y la jueza, por lo visto, solo se ocupa de lo que quiere la fiscal, no le importa ni lo que dice la cámara”, insistió.

Se los ve abatidos, cansados de un manoseo innecesario y esperando que una justicia, que, parece mirar para otro lado, resuelva una causa que ya lleva más de seis años.