Actualmente, Fermín Basualdo, único detenido por el caso del asesinato de un adolescente de 16 años llamado Emilio Blanco, se encuentra peleando por la posibilidad del arresto domiciliario. Tiene EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica), una enfermedad que nunca fue tenida en cuenta por la Justicia de Dolores, incluso que por el ambiente en el que se encuentra alojado ya de por sí puede perjudicarle la salud. Años atrás había accedido por esto mismo a ese beneficio, pero luego se lo cortaron abruptamente y sin demasiadas explicaciones.

Con el avance de la pandemia en Argentina, sumado a las medidas de seguridad y prevención establecidas desde el gobierno nacional, se supone que el ex policía que está detenido en la Unidad 9 de La Plata debería poder acceder a cumplir la pena en su casa, no solamente por la patología preexistente, sino también porque está pronto a cumplir 69 años.

Según denunciaron desde el entorno familiar, desde la Justicia están poniendo nuevamente trabas para que esto no suceda. Desde hace más de una semana el abogado defensor realizó las presentaciones pertinentes, pero la respuesta se demoró, como así también retrasaban los papeles en una red burocrática mientras el detenido continúa esperando.

El letrado presentó un Habeas Corpus, al principio no se lo tomaron ya que no había nadie en la Cámara Penal de Dolores, apenas un guardia; a las pocas horas lo llamaron y como excusa le argumentaron que se habían "equivocado" en no recibirle la presentación. Una vez que finalmente pudo entregarlo, se lo rechazan diciendo que estaban a la espera de unos informes del penal para conocer el estado de salud de Basualdo.

Al parecer, nunca habían enviado el pedido correspondiente a la unidad en la que está alojado el detenido, por lo cual nunca se elevaron esos informes. Todos estos trámites se iniciaron incluso un tiempo antes de que se decretara la cuarentena obligatoria, por lo que, en vistas de la situación actual, los plazos podrían extenderse todavía más.

Por tal motivo, el abogado defensor elevó una nueva nota, en la que responsabiliza a la Justicia todo lo que le pueda pasar a Basualdo, teniendo en cuenta que dentro del penal las condiciones no son tan estrictas; no se guardan las distancias mínimas, no hay demasiadas medidas de prevención y no cuentan con los insumos necesarios para afrontar la demanda sanitaria.

Una vez que se envió esa misiva, casualmente comenzaron a llegar informes que necesitaban. Pero, de todos modos, recién para la próxima semana estarían listos los resultados y llegarían al Departamento Judicial de Dolores, por lo que desde el entorno de Basualdo denuncian que retrasan los trámites y creen que existe una animosidad hacia su persona.

Complicaciones y trabas

En enero de este año hubo un cambio en la defensa y comenzó a representarlo Jaime Doveton quien se encontró con una sorpresa al dirigirse al juzgado de Ejecución, cuando comprobó que ahí su defendido no figuraba como penado. Ante esta circunstancia el letrado se dirigió a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de la ciudad de Dolores, donde pudo comprobar que su cliente no había sido notificado personalmente.

De esta forma, denuncian que le están cercenando sus derechos de defensa en juicio, sufriendo arbitrariedad por indefensión y a la libertad personal y presunción de inocencia, y que además habían dado por firme desde la Cámara Penal de Dolores, una sentencia que nunca lo estuvo. En la actualidad se encuentra detenido en la UP9 de la Cuidad de La Plata, habiendo presentado la denuncia a la CIDH contra el Estado Argentino, por incumplimiento de las leyes y los acuerdos internacionales.

Por otra parte, en una serie de presentaciones, el ex policía asegura que hay un maltrato hacia su persona, que relativizaron sus problemas de salud, como así también que se le negó “el derecho a la defensa y a una asistencia técnica idónea, ante la impasibilidad de un estado nunca intervino ante tal anomalía, fui involucrado en la causa a través de una declaración nula extraída al testigo Héctor Duran mediante torturas psicológicas y amenazas”.

El caso y las denuncias de la familia

El caso que sacudió a la comunidad de Chascomús tuvo su parte oscura cuando en septiembre de 2014, la Cámara de Apelaciones de Dolores decidió condenar por unanimidad como coautor de homicidio agravado por alevosía al ex policía Fermín Basualdo por el asesinato de un adolescente de 16 años llamado Emilio Blanco.

El crimen del joven se perpetró el 28 de septiembre de 1997, pero 17 años después se intentó llegar una resolución. Sin embargo, la familia del ex policía, el único condenado en la causa, denuncia que hay varias inconsistencias y sostienen que hubo presiones por parte de la Iglesia Católica para que se resuelva aceleradamente la investigación.

El ex jefe de calle de la Comisaría Primera de Chascomús fue condenado luego de que la hipótesis de la fiscalía haya sido que la víctima fue levantada por un grupo de policías, entre los que se encontraba el acusado, para torturarlo hasta su trágico desenlace. Sin embargo, jamás se supo quiénes fueron los uniformados que supuestamente lo acompañaron en esa tarea.

Según esa hipótesis, los propios efectivos habrían intentado encubrir el crimen arrojando el cuerpo a las vías del tren y hacer pasar la muerte como un accidente ferroviario. Pero, al parecer hubo varios cabos sueltos que la justicia nunca investigó y se desconocen cuáles fueron las verdaderas razones para obviar esas líneas de pesquisa.

En ese marco, tanto Basualdo como su familia denunciaron que su condena se debe a la “presión social” ejercida por el municipio, el poder político de turno y la Iglesia para encontrar un culpable por el fallecimiento de Blanco. Entre otras cosas, no se investigó al sacerdote Carlos Kippes, profesor de la víctima en el colegio Corazón de María, sobre quien se sospecha que habría mentido en sus declaraciones.

La historia dice que fue el cura quien encontró el cadáver del joven a las 7 y media de la mañana del 28 de septiembre y, según su versión, lo hizo cuando concurría a la carnicería “como lo hacía habitualmente”. Sin embargo, sus palabras no coinciden con las del carnicero, quien aseguró que su comercio abre todos los días a las 9 y media, y que el religioso no llegaba sino hasta las 10.

A pesar de que el párroco fue docente de la víctima y tiene antecedentes por abuso, no se siguió dicha línea de investigación. Otra de las inconsistencias que denuncian los familiares de Basualdo es que se encontró ADN femenino en el cuerpo de Emilio, pero tampoco esto se tuvo en cuenta. Además, afirman que “las autopsias quedaron incompletas y fueron observadas de manera muy poco técnica” y que, por otro lado, no se citó a declarar a ningún compañero de escuela.