Este martes, en el recinto del HCD, alrededor de un centenar de vecinos se reunieron con el objetivo de generar propuestas para la seguridad y el tratamiento de las personas con adicciones.
Del encuentro participaron vecinos de instituciones vinculadas al comercio, al turismo y a la ruralidad, clubes deportivos, entidades intermedias y religiosas.
El concejal Valentino Redruello propuso una procuración municipal para cada denuncia que se realice, asignando un abogado que pueda representar al particular damnificado que asegure una rápida y completa recepción de la denuncia, procurando que en el expediente aparezcan los testimonios y demás pruebas, que se asigne rápidamente un responsable policial y judicial de la investigación, y que se ejerza presión, en representación del intendente municipal, ante las autoridades judiciales para que los allanamientos no demoren más que unas pocas horas.
FR, vecina de El Porteño, propuso como primera medida la necesidad de que el Intendente se haga cargo. Reconociendo la falta de autoridad y credibilidad de las personas en las que ha delegado el manejo del tema, y sugirió que, al margen de evaluar o no la continuidad de los funcionarios, el Intendente asuma en persona el principal problema que nos aqueja y que atenta contra la esencia misma de Chascomús, que es la tranquilidad.
JMA, del barrio Las Casuarinas, manifestó la necesidad de que las cámaras de seguridad sean apropiadas para el fin que se persigue, señalando que las cámaras de Chascomús no cumplen con esa función.
El señor Pérez, del barrio Iporá, señaló que hay esquinas del barrio (como la de Castelar y Pellegrini) particularmente descuidadas. Mencionó que la justicia no brinda respuestas: "los procedimientos se caen", "la fiscalía no da bola", y resaltó que es imperioso que sea el propio Intendente quien se ocupe, ya que la solución a la seguridad es una solución política. También marcó la falta de preparación del personal que brinda seguridad.
La concejal Soledad Nivio habló sobre la ordenanza vetada por el intendente que prevé que sea el propio alcalde quien informe sobre los delitos que acontecen en el distrito, ya que contar con una estadística seria es imperioso y necesario para generar respuestas y diseñar políticas que nos brinden seguridad.
Otro vecino planteó que es necesario denunciar las irregularidades de los funcionarios, y específicamente a la secretaria de seguridad.
Claudio, de Barrio Parque Girado, recordó que hace años, tanto en su barrio como en Lomas Altas, los propios vecinos construyeron los destacamentos y también los equiparon. Actualmente, estos lugares están muy desatendidos. Marcó que en estos barrios, quienes delinquen con frecuencia se movilizan en motos, que las cámaras de vigilancia existentes no son suficientes para prevenir delitos, que no hay una inteligencia policial y, a modo de ejemplo, resaltó el hecho de que los móviles municipales y policiales patrullan en horarios donde todos los vecinos están presentes y nunca se cometen hechos delictivos. Propuso una colocación más efectiva de las cámaras y señaló como muy curioso ciertos horarios de desprotección total.
Carlos Álvarez Correa, representante del foro de seguridad rural, planteó que es necesario que otros actores se incorporen al foro municipal de seguridad, ya que la entidad que él integra y a la cual concurre muchas veces "nos sentimos sapo de otro pozo". Clasificó el delito en la zona rural en tres categorías: abigeato o robo de ganado, la caza ilegal con armas y la caza ilegal con utilización de perros. Respecto al abigeato, señaló que es un delito difícil de combatir, sobre todo en las inmediaciones de centros poblados. Indicó que intrusar un campo no es un delito ya que se habla de "invadir el campo", lo cual no es más que una contravención con competencia municipal. Reconoció que, como producto de la insistencia y del accionar de su agrupación y otros vecinos, se ha logrado que haya más cámaras, móviles y postas, pero lamentó que estos importantes esfuerzos no guardan relación con los escasos resultados. Propuso, en relación con la caza ilegal, reformas de las ordenanzas vigentes que permitan un mayor control sobre quienes cazan con animales a través del control del traslado responsable de los mismos. También propuso agravar las multas cuando la intrusión es cercana a una vivienda o galpón y reglamentar la autorización de la caza como herramienta de control de la circulación de los cazadores por los campos.
Julia Carricart, quien integra el “Hogar de Cristo” y desarrolla tareas sociales en el barrio San Cayetano acompañando a 270 personas, remarcó que el tema de la droga se ha naturalizado en este último tiempo, no solo el consumo, sino también la compraventa. Planteó que ellos realizan un acompañamiento cuerpo a cuerpo procurando trabajar en red con varias agrupaciones, incluso partidarias, y en ese sentido valoró las respuestas que reciben del Club Tiro Federal. Habló de la triple C: Colegio y un jardín/primaria con autoridades comprometidas más allá de lo escolar, una Capilla que por ahora se da alrededor de la ermita del barrio, y el Club, que todavía está ausente en el barrio porque no hay una infraestructura deportiva adecuada. Marcó la falta de presencia del Estado, la necesidad de que haya alternativas deportivas, culturales y de formación para las personas del barrio, ya que no acceden a lo que la ciudad brinda en el centro. Estaba acompañada por otros dos miembros de la institución en representación del Obispo Diocesano.
Gabriela Santillán, vecina de San Cayetano, señaló que no hay policías suficientes y que tampoco están correctamente capacitados. Pidió más armonía de la dirigencia política y la gestión de una mayor cantidad de agentes. Respecto a los consumos problemáticos, marcó las limitaciones del CPA, indicando que algunas de estas limitaciones son legales debido a la imposibilidad de atender a menores de edad. Invitó a reformular el foro vecinal para que tenga una representación real.
La concejal Claudia Quiroga recordó la propuesta considerada en el Concejo Deliberante de reemplazar a policías formados para tareas de vigilancia y prevención que se encuentran brindando servicios dentro de la dependencia, por personal municipal. Además, propuso un control más efectivo y dinámico sobre el ausentismo del personal policial.
El señor Luis González, vecino de la zona rural, marcó el abandono que tienen algunos sectores de la zona, particularmente los más apartados de la ciudad, como es el caso de los vecinos cercanos a la ruta 11. Propuso que el centro del CPR vuelva a estar en la Asociación Rural.
Manuel Anchorena, productor rural, manifestó su impotencia frente a una policía que no responde ni atiende llamados, y una fiscalía que no actúa, no da respuestas y parece alentar a los malvivientes.
Graciela Giles, vecina de Barrio Jardín, resaltó la falta de respuestas de la municipalidad por la deficiente iluminación del barrio, la casi nula vigilancia efectiva y la falta de preparación de los agentes encargados de la seguridad.
Laura Moujan compartió y valoró positivamente muchas de las intervenciones, pero resaltó que el máximo responsable de los asuntos de los chascomunenses y de la seguridad es el Intendente, quien no tiene la posibilidad de elegir si se va a ocupar o no, ya que tiene la obligación de hacerse cargo.
Alberto Trillo se preguntó por la vigencia de las leyes provinciales y la posibilidad que las mismas daban a comunas de menos de 70 mil habitantes de elegir directamente al encargado de la seguridad local. Con aportes de la concejal Lorena Escaray, manifestó que la Municipalidad de Chascomús adhirió por iniciativa del Intendente Municipal a la Policía Comunal. El Sr. Trillo expuso lo poco claro que es el tema de haber adherido a la policía comunal pero a la vez que el personal policial siga siendo provincial, y el Intendente sea el máximo responsable pero no tenga el control operativo de esa tropa.
Martina Fernández señaló que la justicia no da respuestas. Recordó la legislación vigente en cuanto al rol asignado a las fiscalías en la investigación de la criminalidad y propuso hacer un control de las causas sistemático que permita contar con la información adecuada sobre el efectivo o no accionar de los fiscales. Ese conocimiento permitiría ejercer una presión adecuada sobre el fiscal general.
Esteban Bregante narró a modo de ejemplo una vivencia propia que desnudó la falta absoluta de coordinación de los distintos responsables ante una denuncia concreta, concepto completado por Celia Barreiro, quien resaltó la ausencia total del Estado.
El señor Carlos Coppola manifestó que, ante la inoperancia del Intendente y sus colaboradores directos, son los vecinos y los Concejales los encargados "de agarrar la llave francesa y ajustar todas las tuercas" para que el sistema judicial y policial brinde respuestas. Marcó que la justicia "no da bola", que la Policía Federal debería tener un rol más activo, y que las cámaras son simples televisores ya que ni graban ni son debidamente monitoreadas. Instó a que toda la ciudadanía haga las denuncias, por pequeño que sea el delito sufrido, y que si los distintos actores ponen ganas y decisión, los resultados serán otros.
La consejera escolar Lupe Metri trajo a colación el problema específico de la vandalización de las escuelas. A la hora de las propuestas, marcó la necesidad de articulación de todas las personas e instituciones que trabajan en la contención de jóvenes y adolescentes. Señaló la necesidad de descentralizar la lucha contra las adicciones y que Chascomús cuenta con personas capacitadas para tener una granja de recuperación local que posibilite atender adecuadamente a quienes padecen consumos problemáticos. También propuso una articulación de la gente en rehabilitación con el mundo del trabajo.
Mariano Zarantonello mencionó que el fiscal Robert, a través de los medios masivos de comunicación, indicó que entrar en una propiedad ajena, como es un campo, no era un delito. Según la forma en que lo expuso, significaba un exceso de garantismo y avalaba a la delincuencia. Manifestó que la patrulla rural hoy no brinda un buen servicio porque está lejos de todo, incomunicada y no presta un servicio coordinado. Señaló que se la necesita más activa, evitando el ingreso de los cazadores a nuestro distrito. Propuso postas móviles durante el día y control de los accesos en horarios de tarde.
Lisandro Piuma, vecino de San Nicolás, manifestó que el foro de seguridad vecinal no cumple la finalidad para la cual fue creado y es necesaria su renovación a través de la participación de nuevos actores. Señaló que el foro debe colaborar en los planes, pero en vez de aplaudir sistemáticamente lo que hace la policía, debe realizar un adecuado control.
José Luis Napoli señaló que en todas las instituciones hay gente que trabaja bien, con dedicación y honestidad, pero que no se siente valorada y muchas veces no cuenta con los recursos para hacer su tarea. Indicó que en el caso de la policía de la provincia, hay un serio problema de formación: "egresan crudos", y esa falta de formación repercute en una mala calidad del servicio de seguridad y justicia. Muchas veces los procedimientos se caen por no respetar las normativas, y la falta de formación afecta también la propia autoridad. Señaló que presentó a las actuales autoridades políticas la propuesta de un centro de formación policial, que no fue oída. Remarcó que el problema de la seguridad ya se llevó puesto a tres secretarios y doce comisarios, y consideró que los actuales no son útiles para realizar la tarea. Posteriormente, recordó la posibilidad de realizar denuncias a través de la figura del testigo de identidad reservada. La abogada Martina Fernández añadió la posibilidad y conveniencia de que las denuncias se labren online, ya que inmediatamente toma intervención la fiscalía.
Beatriz de León manifestó que con lo expuesto por el resto de los interlocutores es suficiente para elaborar un adecuado plan de seguridad que ponga el eje en la prevención. Señaló que el gobierno provincial hace oídos sordos al problema de la seguridad y que el gobierno local parece estar en línea, por lo que se hace imperioso peticionar al Intendente con un plan de seguridad alternativo para que asuma su responsabilidad, porque sin decisión política todo es muy difícil.
Daniel Tardivo planteó la importancia de tener decisión política para que esa decisión impregne e involucre a todos los actores en dar respuestas a todos los vecinos. Abogó por el uso de la tecnología para el esclarecimiento y las tareas de prevención, indicando que se podría "blindar" Chascomús con un anillo digital que controle todos y cada uno de los accesos a la ciudad. Señaló que las tareas de prevención no se realizan de manera adecuada, y en diálogo con el Sr. Napoli indicó que es sabido que "alguien se lleva el premio de no patrullar". Manifestó que no basta con tener cámaras, sino que es necesario un comando operativo de monitoreo coordinado. Indicó que programas como Ojos en Alerta en municipios como San Miguel dieron resultados, pero en Chascomús no se están implementando con los mismos recursos y decisión. Propuso reformular las cuadrículas de recorrida, adicionando una para el casco urbano, y ver la posibilidad de un esquema similar para la zona rural.
Velma Moyano manifestó que en el pasado se brindaba un servicio adecuado de seguridad con menos recursos humanos y técnicos que ahora, pero con buenos policías. Indicó que los actuales parecen no estar preparados para la función, y el hecho de haber dado información errónea a los medios sobre una persona no hace más que demostrar esa incapacidad.
Guillermo Núñez, presidente de la Cámara de Comercio, manifestó la importancia del TRABAJO en la recuperación de las personas, completando que las mismas tengan la posibilidad de realizar deportes y actividades culturales. También destacó la necesidad de un trabajo a largo plazo.
Cerrando el encuentro, la concejal Milagros Fusari resaltó los aportes de los presentes y propuso una mayor difusión de los distintos mecanismos de denuncia, como los que permiten labrarla de manera virtual, incluso también de manera anónima.
