La necesidad tiene cara de hereje

Ansaloni resaltó que se formó en el sindicalismo de UATRE pero apoya y avala la Ley de Bases de Milei

El ex presidente de la Obra Social de UATRE, sumado a su rol como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Pablo Ansaloni, de La Libertad Avanza habló del sindicalismo, mencionó a Geronimo Venegas y defendió la Ley de Bases de Milei.

Sin hablar de su rol en el gremio, del malestar de los trabajadores, de la falta de aumentos, de los problemas salariales, de la realidad que viven docentes, médicos, policías, trabajadores de diversos rubros, Ansaloni levantó la bandera de la libertad y dijo: “Me forme en el sindicalismo de la mano de Geronimo Venegas, tratando de defender siempre a los trabajadores más humildes”.

“En este recinto tratamos una ley de la cual estoy convencido que le va a dar a nuestro presidente el puntapié necesario para defender a los trabajadores de la informalidad”, señaló.

Sin percatarse que hay despidos masivos, aumentos en las tarifas, descontrol en los alquileres y una vuelta del ingreso a las Ganancias, que puede perjudicar a millones de trabajadores, contó Ansaloni que “un abanico grande de trabajadores estaba fuera del sistema. Como dijeron los diputados, necesitamos un Estado presente para los trabajadores y no tenerle miedo al ordenamiento laboral”.

“Diferentes presidentes de bloque con las reuniones que mantuvieron con la CGT enfatizaron en que esto ayudaría a los trabajadores”, dijo y agregó: “No le tenemos que tener temor de darles a Milei las facultades necesarias y el sindicalismo puerta adentro tendrá que ver porque no se dio un ordenamiento laboral antes”.

Por último, dijo que “hoy están acompañando este ordenamiento muchos sindicatos, que se juntaron con nuestro Gobierno para avanzar en la ley. Le pido a todos que acompañemos para sacar el país adelante, que miremos el interior del país y veamos cómo está degradada la situación”.

La clara muestra de la utopía se ve en el señalamiento de un diputado nacional que no tiene en cuenta la realidad palpable en cada trabajador que, no tiene un trabajo sino tres o más para poder llegar a fin de mes pero, para pagar el alquiler y los aumentos venideros.

¿Defiende a los trabajadores?

Cabe aclarar que, Ansaloni fue presidente de la obra social UATRE, la cual ha salido en cientos de miles de medios de comunicación como una obra social que fue denunciada por no cubrir los gastos de salud a sus trabajadores/afiliados.

La muerte de un paciente con cáncer, por supuesta falta de seguro, podría ser el colofón de un gran desastre para la obra social de Osprera, que se verá afectada por deudas de más de mil millones de euros. A pesar de gestionar un fondo valorado en varios millones de dólares, debido a las deducciones que proporciona a sus más de 750.000 afiliados, la obra social sindical liderada por Voytenko aún acumula denuncias por incumplimiento en el pago de los gastos de medicamentos o prestaciones básicas, y en el en medio de una gran crisis.

Osprera se ha intervenido y su director interino es Néstor Acuña, un hombre que, según fuentes sindicales, reporta directamente a Marcelo Urban, abogado de Uatre, y que en la comunidad es considerado el cerebro del ministro Voytenco en el sindicato. “Él es el jefe”, resumió un gerente regional.

Con experiencia en otros trabajos sociales, Urban es el director en la sombra de Osprera. Sin embargo, inmediatamente después de recibir su intervención, Acuña celebró un contrato de servicios. Pero el acuerdo, que entró en vigor el 23 de junio de 2023, fue revocado el 31 de enero y los trabajadores rurales se quedaron atrás en términos de seguro médico. La razón es que Osprera se endeudó cada vez más. En el momento del acuerdo intermitente, la deuda superó los 1000 millones de peso, mejoró, la deuda será mucho mayor con el monto más alto.

Además, recordemos con los despidos en Argentina que Javier Milei cree que “el Estado es el enemigo”, “una asociación criminal” a la que busca reducir a su mínima expresión entre críticas y aplausos de una sociedad polarizada. Cuando asumió como presidente de Argentina, en diciembre, el Estado tenía contratadas a 341.477 personas. Dos meses después, el Gobierno ya había eliminado 9.000 puestos de trabajo, y había ordenado 15.000 despidos más. 

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